​Juco​ Cauca

Resulta indignante y triste cada uno de los pronunciamientos que a diario realiza el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, no sólo por la incoherencia de sus ideas, o por lo recalcitrante de las mismas, sino porque aún las manifiesta desde un cargo que, se supone, está obligado a promover y defender los derechos humanos de la población colombiana.

Ordoñez ha demostrado estar del lado de la desigualdad, tal como lo ha hecho históricamente la ideología que tanto profesa, demostrando su ignorancia frente al papel que debe cumplir en la sociedad; desenvolviéndose, junto a la mayoría de los medios de comunicación,  como verdugo de aquellos que con iniciativas realmente sociales entorpecen las políticas de quienes mal han gobernado cada rincón de este país. Claro ejemplo de ello fue la sanción contra la ex senadora Piedad Córdoba (quien ha demostrado compromiso real con la paz de Colombia); o los continuos discursos en contra de la diversidad sexual, siempre anteponiendo presupuestos morales personales sobre realidades inevitables.

Pero por qué no actúa el Procurador de igual forma con los tantos alcaldes, gobernadores, agentes de Policía y demás funcionarios públicos que a diario son denunciados por su desmedido actuar?.

En Popayán, ciudad con un alto nivel de desempleo y pobreza, existen cientos de irregularidades que merecen atención urgente. Por ejemplo, la salud pública se ve gravemente afectada desde el manejo de las basuras en el municipio, ya que por incapacidad de la administración local siguen viéndose regados grandes cantidades de desperdicios (similar a lo que hace algunos meses presentaban escandalosamente los medios en Bogotá), a la vez que el relleno sanitario “El Ojito”, ubicado al sur occidente de la ciudad, se reabrió, incumpliéndose los compromisos adquiridos con la población y reavivando las condiciones inhumanas que habrán de soportar los vecinos del relleno.

Igualmente los servicios públicos, en especial el de la energía eléctrica que presta la empresa privada “Compañía Energética de Occidente”, continua siendo un abuso, no sólo por los altos costos de su consumo, sino por el irrespeto constante con los usuarios.

A lo anterior se suma la corrupción y clientelismo que cobijan al departamento del Cauca, la presencia criminal de grupos paramilitares en la región buscando amedrentar cualquier procesos popular, pero sobre todo la negligencia de las instituciones para investigar y proteger a quienes se ven afectados con tanta agresión. Todo ello debería ser prioridad en la agenda de la Procuraduría General de la Nación y no sólo denigrar de ciudadanos que poco a poco intentan aportar a la construcción de un país más justo.



 ☭ VERÓNICA PAGLIERI